Por Lara Rodríguez Pereira, graduada en Estudios Internacionales y estudiante de Máster en Cooperación al Desarrollo, con enfoque en género, derechos humanos y procesos de desarrollo
La pobreza y la vulnerabilidad energética son cuestiones que solo recientemente han comenzado a recibir atención creciente desde los ámbitos político y académico. En España, más de 3,5 millones de personas sufren pobreza energética, y sin embargo, se trata de una problemática aún muy desconocida.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de pobreza energética? Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la pobreza energética se define como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente, y que puede ser posiblemente agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”. Las formas en que se manifiesta esta vulnerabilidad son diversas: desde la imposibilidad de mantener el hogar a una temperatura confortable en verano e invierno, hasta la dificultad para invitar a personas a casa o utilizar electrodomésticos de alto consumo energético, como la lavadora.
A pesar de las estrategias desarrolladas en los últimos años —como la mejora de la eficiencia energética o los programas de ayuda y mitigación—, la vulnerabilidad energética representa un desafío significativo para los hogares. No solo compromete su capacidad de afrontar los costes energéticos y mantener condiciones de habitabilidad dignas, sino que representa una amenaza que puede ser fácilmente invisibilizada al darse en el ámbito privado. Sus consecuencias tienen un impacto negativo en la calidad de vida de las personas, la salud o la inclusión social.
¿Cómo afecta desde el punto de vista del género?
A pesar de los recientes esfuerzos políticos y técnicos, la pobreza energética sigue representando cifras alarmantes y además, no afecta a los hogares de forma homogénea. Factores como el género, la edad, la situación migratoria, el nivel de ingresos y otras condiciones de vulnerabilidad social pueden impactar de manera diferenciada no solo en el fenómeno en sí, sino que también pueden influir en la capacidad para acceder a los servicios y ayudas disponibles en materia de vulnerabilidad energética. Existe un creciente número de estudios que apuntan a cómo las desigualdades estructurales agravan la problemática de la pobreza energética y sus efectos. Así, la perspectiva interseccional permite analizar cómo distintos factores se entrelazan y contribuyen a mayores niveles de pobreza energética en las mujeres.
La fisiología —al vivir más años y tener mayor sensibilidad a temperaturas extremas—; la salud —tanto física, como mental y social, especialmente en aquellas que asumen tareas de cuidado—; la economía —incluida la brecha salarial y el menor tiempo disponible para el empleo remunerado debido a las responsabilidades de cuidado en muchas ocasiones—; y lo social —ligado a los roles de género que asignan a las mujeres las tareas domésticas y de cuidado son algunos elementos que conviene tener en cuenta en este sentido. Todas esas cuestiones, entre otras, muestran cómo las mujeres se ven más expuestas a los efectos de la pobreza energética. Por ejemplo, con datos de 2022, fijándonos únicamente en el retraso en el pago de facturas de servicios, los hogares monoparentales encabezados por mujeres tienen los porcentajes más altos de impago (28% para mujeres frente a 23% para hombres).
La pobreza energética es una amenaza compleja y multidimensional. A menudo pasa desapercibida, en parte por la vergüenza que conlleva reconocerse en una situación de vulnerabilidad, lo que alimenta aún más la exclusión social y el aislamiento. Por ello, resulta fundamental visibilizar y nombrar el problema, así como incorporar una representación adecuada en los espacios donde se diseñan las políticas energéticas.
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