Por Rebeca Santamarta, comunicadora y protocolista, actualmente en formación en marketing digital. Madre y defensora de una crianza respetuosa, en comunidad y feminista
Hace tan solo unas semanas, un programa líder de audiencia en televisión hizo burla con la discapacidad de una candidata, Pilar Lima, para atacar a su ideología política en medio de una campaña electoral. La crítica a la mujer para limitar su valía e insinuar que son las cuotas las que la han elevado a un puesto relevante no es, por desgracia, algo nuevo.
Al tiempo, un periodista llevaba al prime time de una cadena sin tanto seguimiento a otra mujer con discapacidad a través de una entrevista que era un elogio a su trayectoria personal y deportiva, valorando sus logros a partir de su determinación, su fuerza y compromiso más allá de la adversidad.
Se trata de dos casos opuestos en el tratamiento de la mujer y la discapacidad en medios de comunicación. Que una mujer logre superar los obstáculos que hay en su camino para alcanzar puestos visibles en la sociedad, ya sea en la política o el deporte, implica un notable trabajo de empoderamiento, aunque no sea consciente de ello. Lograr superar el techo de cristal es fruto del tesón, el trabajo y la confianza, pero también del apoyo dentro de su esfera personal y de políticas de accesibilidad en la pública.
Y es que, todavía hoy en día, la discapacidad también distingue entre sexos, pues la sociedad discrimina a una mujer con discapacidad doblemente y lo hace en cada ámbito de su vida, desde el hogar hasta la educación y el empleo.
A nivel laboral, los datos indican que si las mujeres ya tienen peores condiciones en cuanto a jornada, funciones, horarios y salario, estas empeoran si tienen algún tipo de discapacidad reconocida, lo que hace que su crecimiento profesional y su progreso económico sean más limitados.
Cuando se trata de una discapacidad en las niñas, el grado de sobreprotección es superior y hay un paternalismo y condescendencia dentro de la familia pero también por parte de las instituciones, que ya orientan la formación y atención haciendo que su independencia y desarrollo personal sean difíciles de adquirir sin un trabajo de inclusión. Hasta el año 2020 estaba incluso permitido por ley esterilizar a una mujer con discapacidad que estuviera incapacitada judicialmente, algo que desde las familias se pedía como medida de protección pero sin duda era una vulneración del derecho a la salud reproductiva y sobre el control del cuerpo de dichas mujeres.
Otra de las relaciones directas entre discapacidad y género se encuentra en la problemática de la violencia de género, ya que las niñas y mujeres con discapacidad tienen mayor posibilidad de ser víctimas de este tipo de violencia al disponer de menos recursos o posibilidades de escapar o denunciar por la dependencia psíquica y física hacia su agresor.
Insertar, no solamente incluir
En el ámbito doméstico, la mujer sigue siendo responsable de los cuidados del hogar y de familiares a cargo aun cuando ella misma debería ser receptora de estos por su discapacidad. Mujeres que, además, siguen sin contar con propuestas concretas que les permitan disponer de acompañamiento o ayuda que supongan un respiro económico o personal en su día a día.
El movimiento asociativo es el que más está ayudando en estos momentos a la mujer con discapacidad en su empoderamiento, llegando a donde no llegan la economía y la política. Gracias a la creación de grupos, colectivos y la reivindicación de mejoras, les ofrece formación, capacitación profesional y posibilidades de inserción que suponen una ayuda en su búsqueda de la independencia, la conquista de sus derechos y su dignidad. Un movimiento que reclama una accesibilidad real en todos los ámbitos de la vida para que la libertad de elección sea real y no se trate solo de insertar sino de incluir, creando políticas públicas que faciliten la movilidad, el desarrollo y el día a día de estas mujeres.