Por Estefanía Ros Cordón, criminóloga y consultora especializada en prevención de la violencia, compliance e igualdad de género. Es la fundadora de Ethikos & Compliance, desde donde asesora a entidades en la protección de menores y la gestión del riesgo en entornos educativos y empresariales
La acción positiva se puede definir como un conjunto de medidas diseñadas para corregir desigualdades estructurales y garantizar la igualdad de oportunidades en distintos ámbitos, como el empleo, la educación y la representación política. Estas estrategias son esenciales porque buscan corregir situaciones de discriminación histórica que han mantenido a ciertos grupos en desventaja sistémica.
Sin estas medidas, las diferencias estructurales seguirían perpetuándose, pues la desigualdad no se resuelve solo con la existencia de normas de igualdad formal. Es decir, aunque en muchos países la legislación prohíba la discriminación por género, raza u orientación sexual, los sesgos y barreras sistémicas siguen limitando el acceso de ciertos colectivos a recursos y oportunidades en condiciones de equidad.
Las medidas de acción positiva han sido implementadas en los últimos años en diversos sectores con el objetivo de reducir desigualdades estructurales y promover la equidad. Un ejemplo en el ámbito laboral sería el Programa Emplea de la Universitat Politècnica de València, diseñado para fomentar el liderazgo femenino, conectando a estudiantes de últimos años y recién tituladas con directivas de grandes empresas nacionales e internacionales. Desde su implementación, el 70% de las participantes han conseguido empleo en las empresas colaboradoras.
A nivel nacional, la matrícula de estudiantes extranjeros en FP ha crecido el doble en comparación con los estudiantes españoles. Este aumento se debe a programas que facilitan la inserción laboral y la regularización de inmigrantes mediante el denominado "arraigo por formación", otro ejemplo de acción positiva, en este caso en el ámbito educativo.
A nivel legislativo, la acción positiva se ha desarrollado como una herramienta fundamental en muchas democracias para garantizar la igualdad efectiva. En España, por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece medidas de acción positiva en ámbitos como la representación en cargos directivos, la administración pública y la conciliación laboral.
En la práctica, muchas empresas han integrado estos principios en sus políticas de responsabilidad social corporativa, implementando estrategias como el impulso de planes de igualdad, programas de mentoría para mujeres en posiciones de liderazgo y auditorías salariales para detectar y reducir la brecha de género.
¿Una forma de discriminación inversa?
Uno de los principales argumentos en contra de la acción positiva es que genera discriminación inversa, es decir, que perjudica a individuos que no pertenecen a los grupos favorecidos por estas políticas. Esta percepción parte de la creencia de que todos los individuos compiten en igualdad de condiciones y que, por lo tanto, cualquier medida correctiva resulta en un trato preferencial injustificado. En realidad, muchos colectivos históricamente discriminados enfrentan barreras estructurales que les impiden acceder a las mismas oportunidades. La acción positiva no otorga privilegios, sino que busca corregir esas barreras para que la competencia sea justa.
Las cuotas y medidas de acción positiva no eliminan la meritocracia, sino que permiten que más personas compitan en igualdad de condiciones. Sin estas medidas, las oportunidades seguirían concentradas en los grupos históricamente dominantes. Además, son temporales y revisables, pues no se diseñan como medidas permanentes, sino como estrategias correctivas que se aplican hasta que se logre un equilibrio sostenible. Una vez alcanzada la equidad, su necesidad se revisa y se pueden ajustar o retirar.
Las medidas de acción positiva han demostrado ser eficaces en la corrección de desigualdades estructurales, incrementando la representación de mujeres y otros grupos en espacios de poder, generando impactos positivos en la toma de decisiones y en el desarrollo social y económico.
En definitiva, equiparar la acción positiva con la discriminación inversa ignora que ciertos colectivos han sido históricamente excluidos y que, sin medidas específicas, la desigualdad estructural se perpetuaría. La acción positiva es por ello una herramienta clave para garantizar la equidad en distintos ámbitos de la sociedad.
Las políticas de acción positiva deben ir acompañadas de campañas de sensibilización y evaluación de impacto para asegurar su efectividad y su aceptación social. Sin estas medidas, el cambio hacia una sociedad más equitativa se volvería mucho más lento y difícil de alcanzar.
Las cuotas políticas de género son quizás uno de los ejemplos de discriminación positiva más polémicos. Puedes aprender más sobre ellas aquí: https://perifericas.es/blogs/blog/para-que-sirven-las-cuotas-politicas-de-genero