VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Por Alba Peñasco, graduada en Filología Hispánica, Máster en Profesorado de Educación Secundaria y experta en género y coeducación

Seguro que cuando Simone de Beauvoir nos animaba a estar siempre alerta y vigilantes, a no dar por sentado ni adquirido ningún logro del movimiento feminista, nunca se imaginó una crisis como la derivada del Covid-19. Lo cierto es que Simone, una  vez más, no erró en su advertencia. La crisis del coronavirus no iba a ser diferente y ha vuelto a evidenciar la fragilidad de nuestros derechos como mujeres por mucho que sean considerados Derechos Humanos, los amparen leyes o estén avalados por una amplísima evidencia científica.

Hablamos en este caso de una de las violencias más invisibilizadas y naturalizadas que el sistema ejerce sobre nuestros cuerpos dentro del marco de la violencia de género. Se trata de la violencia obstétrica: un conjunto de prácticas llevadas a cabo por profesionales de la salud durante la atención al parto, embarazo y posparto que causan daño físico y/o emocional en la mujer y también en el bebé. Entre ellas, las más habituales son la realización de episiotomías por rutina, la no aplicación de paliativos solicitados, las cesáreas innecesarias, la separación de la diada madre-bebé al nacer, la privación del acompañamiento de una persona de elección durante el parto, la realización de procedimientos médicos sin la adecuada explicación a la paciente o la aceleración de la expulsión a través de la maniobra de Kristeller, entre otras.

 

Crónica de un retroceso anunciado

Hace casi un año, en abril de 2020, en pleno primer y más crítico trimestre de la pandemia en España, distintos medios de comunicación anunciaban la noticia de que la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana había lanzado un nuevo protocolo de atención a gestantes que prohibía a las mujeres estar acompañadas durante el proceso de dilatación y parto para mayor seguridad del personal y los pacientes. Este protocolo fue retirado cuatro días después gracias a la presión de numerosos colectivos de matronas, otros profesionales de la salud y asociaciones de mujeres como El Parto es Nuestro.

Y es que ya en aquel momento la OMS había realizado una serie de recomendaciones para evitar precisamente que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 supusiese un factor de riesgo para la violencia obstétrica durante esta pandemia. En tales recomendaciones se aclaraba que las mujeres tenemos derecho a una experiencia de parto segura independientemente de que en ese momento seamos positivas o no en COVID-19. Esto implica, por lo tanto, garantizar el acompañamiento de una persona de elección por parte de la gestante, la libre movilidad y elección de postura, así como el acceso a paliativos del dolor durante el parto. Todo ello siempre y cuando las condiciones de salud de la madre, si esta fuese positiva, no fuesen consideradas graves, en cuyo caso, todas las decisiones tomadas deberían ser informadas y aceptadas por la misma.

Además, se apoyaron en los resultados de distintos estudios científicos para aclarar que estaba casi probada la no transmisión vertical y que las mujeres embarazadas no eran más susceptibles de contagiarse del virus, por lo que no había motivo para realizar separaciones entre madre y bebé, ni para privar a las mujeres de una facilitación del inicio y continuidad de la lactancia materna.

Sin embargo, a pesar toda esta bibliografía, investigaciones, normas y recomendaciones de instituciones superiores, se siguen produciendo numerosas vulneraciones, que conducen a casos de violencia obstétrica cuyas consecuencias atañen verdaderamente a la salud de las mujeres y sus hijos. Cabe decir en este punto que la clase de problemas derivados incide en la gran mayoría de los casos en la salud mental y el bienestar emocional, ambos aspectos ampliamente olvidados en la gestión de la pandemia.

Se trata, por lo tanto, de un momento muy delicado para la salud mental de la madre, que entronca directamente con el problema ya existente de la violencia obstétrica desde la cual se infantiliza a la mujer, considerándola muchas veces un sujeto sin derechos y sin capacidad de decisión sobre su cuerpo ante un proceso natural como el embarazo o el parto. Este contexto previo de violencia se ha visto favorecido por la falta de consenso y de actualización entre el personal médico, conformando así el caldo de cultivo perfecto para un mayor y más rápido retroceso en nuestros derechos durante la pandemia por el coronavirus.

 

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