Por Ana Fernández Quiroga, licenciada en derecho, Máster en Género e Igualdad y coordinadora en terreno de la ONGD Afrikable en Lamu (Kenia)
En Kenia, a menudo la normativa jurídica “civil” respecto a la violencia de género choca con otras normativas tribales o religiosas, fundamentalmente debido a la idea patriarcal del mantenimiento de las estructuras familiares por encima de todo. En segundo lugar, hay una gran falta de voluntad política en la implementación de la normativa, y por eso medidas como las órdenes de protección o los recursos económicos para las mujeres que denuncien casos de violencia todavía ni se conocen en ciertos lugares años después de la aprobación de estas medidas. Tampoco se han re movido las barreras económicas, ya que se siguen manteniendo altos costes para “probar” las agresiones y para acceder a una defensa justa. Esto hace que, unido a la falta de conocimiento de la legislación y la división de procedimientos civil y penal, las mujeres rehúsan en gran medida acudir a la denuncias de las violencias sufridas.
Pero no todo es externo, sino que también internamente hay un gran grado de aceptación de las violencias dentro de la propia comunidad, en forma de invisibilización de algunas de sus manifestaciones, como la violencia psicológica o la violencia económica, que se entienden como reglas sociales, aprendidas en las propias escuelas de formación religiosas y transmitidas generación tras generación. Entre estas violencias se encuentran también las violaciones dentro del matrimonio. Debido a la transmisión de roles y a prácticas como la mutilación genital femenina, a las mujeres se les priva de su elección sobre cómo y cuándo realizar el sexo, de disfrutar del mismo y de negarse a realizarlo con su cónyuge.
La necesidad de resaltar las resistencias femeninas
Sin embargo, todo este contexto no puede confundirse con una actitud pasiva ante las violencias, pues las manifestaciones de resistencias por parte de las mujeres son muchísimas. Un ejemplo es la creación de las cajas de resistencia, donde guardan sus ahorros juntas, para evitar que los maridos se apropien de ellas y para apoyarse entre ellas en caso de que lo necesiten. También las mujeres que han huido de sus hogares para no sufrir más violencia, aunque no recurran a la denuncia por falta de creencia en las instituciones o por falta de recursos económicos, ni al divorcio por miedo al coste social, buscan con esa huida encontrar trabajo en otros lugares y darles a sus hijas una vida mejor que la que ellas tuvieron. Y también hay mujeres que deciden enfrentarse directamente a estas violencias, como una de las mujeres a quien pude entrevistar durante mi trabajo de campo, quien denunció a todos los Elderst de su tribu para evitar que su hija sufriera la llamada práctica del “rapto”, lo que supuso el traslado a otro poblado de ella y de toda su familia.
En general queda muchísimo trabajo por hacer en cuanto a la cuestión de la violencia de género en Kenia, pero lo que no se puede es dar pasos hacia atrás. Por eso veo necesario en España también blindar los avances realizados en esta materia, como última expresión del machismo, que se encuentra incrustado en todo el ordenamiento judicial. Se pretende con este artículo poner en valor también la importancia de que la violencia de género tenga una regulación propia, la existencia de recursos económicos públicos para combatirla, la unificación del proceso civil y penal ante causas de violencia, la justicia gratuita. Solo así, y aunque quede mucho por avanzar, se permitirá a todas las mujeres que la sufren, tanto en España como en Kenia, tener otras opciones, otras estrategias de resistencia y salida y al menos, poder elegir su futuro.
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