EL COLECTIVO LGTBI: ¿UNA CIUDADANÍA POSTERGADA?

Por María Camacho Gavilán, graduada en Pedagogía y estudiante del Máster en Igualdad y políticas de Género de la Universidad de Valencia

Por ciudadanía postergada entendemos el conjunto de personas que reúnen unas cualidades que son consideradas distintas o fuera de la normalidad, y que las llevan a ser tratadas desde muchas instancias como ciudadanía de segunda, con derechos restringidos, con un valor social que está por debajo de la sociedad legitimada, o por lo que se entiende como una correcta o un correcto ciudadano.

La comunidad social ejerce a menudo violencia contra lesbianas, gais, bisexuales, e intersexuales, es decir, la homofobia, lesbianofobia, transfobia y bifobia, a raíz de la concepción por parte de ciertos sectores de la ciudadanía de que estas identidades sexuales se salen de lo convencional, y por lo tanto de la heterosexualidad supuestamente normativa.

La sociedad heterosexista comparte este valor de homofobia como una herramienta para controlar “el orden social de las cosas”, considerando que la demanda de esta minoría carece de importancia social.

El Estado tiene la obligación de responder por igual a toda la población y de protegerla por igual ante la ley, por lo que debería desarrollarse una ley integral contra la LGTBIfobia que contemple la implementación de medidas de igualdad y no discriminación en base a orientación sexual y/o identidad de género no normativas.

 

Una ley integral contra la LGTBIFOBIA, herramienta clave para la consecución de la justicia social

Existe la urgente necesidad de un compromiso institucional que ayude a prevenir y reaccione ante cualquier caso o situación de violencia sexual, visibilizando todo tipo de violencia que se ejerza, ya sea invisible o invisible, e independientemente del espacio social, laboral, privado o económico en el que tenga lugar. Se demanda la necesidad de establecer una serie de sanciones contra las personas agresoras que atenten contra las libertades, derechos y oportunidades plenas de las personas que formen parte del colectivo LGTBI.

A través de una ley así sería posible promover valores de respeto a la diversidad sexual, familiar y de género y fomentar un espíritu crítico de denuncia ante la discriminación o ante cualquier tipo de violencia hacia las personas LGTBI, a través de las diferentes instituciones estatales, como son los centros educativos, los medios de comunicación, a través de la cultura (música, arte, teatro) y las campañas de concienciación y sensibilización.

De este modo, se plantarían las semillas para que germine un cambio cultural, que logre escaparse de las barreras de los pensamientos heteropatriarcados, estereotipados, tradicionalistas y estancados en pensamientos retrógrados, para así conseguir una ciudadanía igualitaria real.

Es por eso que las instituciones gubernamentales deberían encargarse de la elaboración de un plan estratégico contra los delitos de odio y discriminación para combatir el problema, facilitar la ayuda a las víctimas y contribuir a erradicar la violencia hacia ellas, así como crear una red de apoyo a dichas víctimas, de manera que todos los miembros del colectivo LGTBI estén integrados y se les otorgue el derecho a protección frente a las violencias contra cualquier identidad sexual que se salga de lo establecido por la sociedad a la que pertenecen.

Los Estados son el principal órgano reproductor de la cultura de una sociedad, y los  que mayor potestad tienen para actuar en favor  o en contra de la ciudadanía. Por eso es importante que todos los gobiernos establezcan políticas públicas para erradicar este tipo de violencia sexual y conseguir una sociedad plenamente democrática.

 

Si quieres formarte en estas y otras cuestiones ligadas a los temas de género, consulta nuestros itinerarios de aprendizaje: https://perifericas.es/pages/itinerarios

Dejar un comentario

Por favor tenga en cuenta que los comentarios deben ser aprobados antes de ser publicados